Integrated and Equitable Climate Action recibió $1.2 millones para promoción en todo el Estado
Publicado originalmente por UCI Law en inglés.
IRVINE, Calif. (Sept. 1, 2023) — Un consorcio innovador y cooperativo de líderes comunitarios, dirigentes políticos locales y estatales y académicos de la UC recibió un donativo de $1.2 millones de dólares para la acción climática como parte de la histórica colaboración con un presupuesto de $80 millones anunciada el 23 de agosto de 2023 por la Universidad de California y el estado de California para abordar las prioridades climáticas del estado. Este proyecto innovador de “Acción Climática Integrada y Equitativa” (IECA, por sus siglas en inglés), creado Gregg Macey, Director Asociado del Centro para la Justicia Ambiental del Centro para la Tierra, el Medio Ambiente y los Recursos Naturales (CLEANR) de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Irvine (UCI Law), asumirá la tarea vital de coordinar los planes locales de uso del suelo con los objetivos y mandatos climáticos urgentes del estado y de establecer las mejores prácticas para que las localidades participen en una planificación de la adaptación eficaz y equitativa.
Junto con el Dr. Macey, Catedrático de Derecho de la Rectoría de UCI Alejandro Camacho, que ocupa el cargo de director docente de CLEANR, es el investigador principal del proyecto. Entre los coinvestigadores figuran el catedrático de Derecho de la UCI Mario Barnes, Profesor Distinguido de Derecho de la UCI Joseph F. C. DiMento, Distinguida Catedrática de Derecho y Profesora de Rectoría de la UCI Carrie Menkel-Meadow, el Departmento de Planeación Urbana y Politicas Públicas de UCI, el Centro Newkirk para la Ciencia y la Sociedad de UCI, y el UC Center Sacramento de UC campus Davis. De manera crucial, sin embargo, el IECA también integra a líderes comunitarios y organizaciones como el Centro sobre Raza, Pobreza, y el Medio Ambiente (CRPE), Coalición para la Calidad del Aire del Valle Central (CVAQ), Red de Justicia Ambiental de California Central (CCEJN), y Azul; gobiernos locales como Buena Park y Santa Ana; y agencias estatales incluyendo California Air Resources Board (CARB) de la oficina del gobernador. Office of Planning and Research (OPR).
En California, décadas de trabajo del movimiento social y de organización comunitaria por la justicia ambiental y climática lograron numerosas victorias políticas. Pero “desde el principio, la respuesta del estado a la doble crisis del racismo ambiental y el cambio climático generó preocupación”, afirmó el Dr. Macey, Director Asociado del Centro para la Justicia Ambiental de CLEANR en Derecho de la UCI. “Hay muchas formas en las que la política estatal se quedó corta: No prestó ayuda inmediata a las comunidades que padecen impactos desproporcionados. Adoptó una visión estrecha de la justicia ambiental como participación. Pidió a las comunidades que invirtieran mucho tiempo y recursos en grupos de trabajo y comités asesores. Postergó la consideración de cuestiones críticas como los impactos acumulativos. Se enfrentó a la resistencia del personal de la iniciativa. Y se encontró con graves limitaciones tecnológicas y científicas”. Éstas y otras críticas se presentaron antes de que la política estatal tuviera la oportunidad de evolucionar y abordar ciertos puntos ciegos, antes de que las ciudades y pueblos redactaran resoluciones de emergencia climática, antes de que la pandemia del COVID-19 pusiera al descubierto las desigualdades raciales y de otro tipo en todo el estado, y antes de que el movimiento Black Lives Matter exhortara a las iniciativas a adoptar políticas de equidad racial que llamaran al cambio institucional.
Aunque se han logrado avances sustanciales, persisten los límites de la política de estado.
“Nuestro Centro trabaja con organizaciones y líderes comunitarios que lucharon por la justicia ambiental y climática durante toda su vida: ellos sentaron las bases de la política estatal: desde la legislación sobre justicia ambiental de los años ochenta y noventa, hasta el Programa Comunitario de Protección del Aire, pasando por compromisos de conservación como 30×30”, afirmó la Dra. Macey. “Al mismo tiempo, las comunidades destacan que los programas existentes se quedan cortos. Y lo que es más importante, las políticas estatales aún no aprovechan al máximo los beneficios colaterales económicos, ambientales y de salud pública, ni invierten adecuadamente en las comunidades de primera línea.” ¿Qué lo explica? “Uno de los factores limitantes clave es el uso local del suelo. No se puede garantizar una transición justa ni abordar el racismo estructural sin prestar mucha atención a lo que ocurre en la planificación local del uso del suelo, el transporte y la acción climática.” En respuesta, la Dra. Macey trabajó con colegas del movimiento por la justicia ambiental, planificadores comunitarios y municipales y profesores de toda la Universidad de California para crear el proyecto IECA.
El equipo utilizará los $1.2 millones de dólares recientemente otorgados para promover IECA en todo el estado. “El trabajo cooperativo respaldado por estos fondos es sencillamente vital para ayudar a las comunidades locales de California a prepararse y gestionar los efectos del cambio climático”, afirmó el profesor Camacho. “Esperamos encabezar la participación de destacados académicos, dirigentes políticos y colaboradores de la comunidad para ayudar a desarrollar las mejores prácticas que se necesitan urgentemente para acelerar la planificación y la aplicación de la adaptación local al cambio climático.”
“Azul is pleased to continue to partner with UCI Law, including its Center for Land, Environment and Natural Resources, in the IECA program,” dijo Marce Gutiérrez-Graudiņš, fundadora y directora ejecutiva de Azul, una organización de justicia ambiental de base encabezada por y al servicio de la comunidad latina. “Hemos trabajado juntos en los compromisos federales de conservación, así como en la política de justicia ambiental de la agencia costera estatal, a través del Coastal Justice Lab (Laboratorio de Justicia Costera), un programa conjunto de Derecho de la UCI y Azul – y ahora nos sumamos a esta oportunidad de seguir abanderando los valores de justicia ambiental mientras nos encargamos de un importante y necesario cuerpo de trabajo como parte de la Iniciativa de Investigación de Acción Climática del estado.”
“Hay que hacer más para satisfacer las ambiciones de nuestras comunidades y del Estado, sobre todo a nivel local,” dijo Genevieve Amsalem, directora de investigación y políticas de CCEJN. “El CCEJN ha trabajado en la acción climática a través de sus proyectos de seguimiento y elaboración de informes, sus contribuciones a la planificación de la reducción de emisiones en el marco de la AB 617 y las actualizaciones del Plan de Alcance del Cambio Climático, y el diseño y respaldo de actualizaciones de políticas para garantizar una regulación más exhaustiva de los impactos de la agricultura y el petróleo y el gas sobre la calidad del aire. El núcleo de nuestro trabajo se dedica a llegar a la capacidad de los miembros de la comunidad para identificar, documentar e informar sobre los impactos ambientales mediante el uso de métodos de ciencia comunitaria, así como a fomentar su capacidad para defender y vigilar la aplicación y el cumplimiento de la normativa ambiental. Aportamos esa experiencia al IECA, dedicándose especialmente a las jurisdicciones del centro de California.”
“Con nuestros Co-P.I.s, colaboradores comunitarios y asesores, el objetivo del IECA es sencillo: aumentar drásticamente la capacidad de California para innovar en la política local de uso del suelo, alcanzar los objetivos climáticos estatales y maximizar los beneficios colaterales de la política climática al interior de las comunidades desfavorecidas, desde la planificación multicontaminante y multimodal hasta anular las políticas de larga data que perpetúan la desinversión, la segregación y otras dinámicas,” dijo el Dr. Macey.
IECA se dedica a la investigación aplicada, la evaluación de necesidades y el diseño de planes de colaboración para ayudar a compatibilizar los planes locales de uso del suelo -que incluyen planes de acción climática y elementos del plan general- con los objetivos y las políticas climáticas estatales. Los desafíos del uso del suelo incluyen: evaluar planes locales de uso del suelo para abordar las emisiones significativas y no equitativas de gases de efecto invernadero y emisiones tóxicas al aire; garantizar la integración local del transporte y el uso del suelo para evitar consecuencias no deseadas; supervisar la coherencia de la acción climática y los planes generales; abordar las desigualdades estructurales, así como geográficas y de procedimiento a través de la vivienda, la seguridad, la justicia ambiental y otros elementos del plan general; identificar los problemas de coherencia entre los planes generales y los documentos regionales, como las estrategias de comunidades sustentables; desarrollar medidas políticas para que los gobiernos locales integren eficazmente los planes de mitigación y adaptación; promover afirmativamente la vivienda justa; e identificar acciones estatales para empoderar a los gobiernos locales para que cumplan sus objetivos de integración climática.
“Después de haber trabajado con miembros del equipo del IECA, incluyendo Derecho de la UCI y el Departamento de Planificación Urbana y Políticas Públicas en una evaluación de Equidad y Justicia en el Transporte a través de la Planificación Impulsada por la Comunidad, esperamos unirnos al IECA como co-investigadora principal,” dijo la Dra. Catherine Garoupa, directora ejecutiva de CVAQ. “En nuestra región, pocas ciudades han adoptado planes de acción climática u otros planes locales que incluyan estrategias claras y exhaustivas para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, y mucho menos medidas aplicadas para garantizar la capacidad de recuperación de las comunidades ante los impactos climáticos. Los elementos del Plan General deben ser suficientemente innovadores y estar alineados con los principios de equidad, para que nuestra región pueda alcanzar o superar los objetivos climáticos de California. Nos anima el hecho de que el IECA se dedique a trabajar con las comunidades para evaluar las acciones climáticas locales, investigar y elaborar modelos de revisión de los planes de uso del suelo y estrategias para alinear los planes locales de uso del suelo con los objetivos climáticos estatales, y trabajar estrechamente con las jurisdicciones en el desarrollo de planes intensivos y cooperativos.”
“Y lo que es más importante, nuestro personal trabajará con IECA mientras evalúa los documentos de planificación de cada jurisdicción para su posible elaboración o actualización. Esto incluye desde planes de acción climática hasta planes generales de justicia ambiental, seguridad, vivienda, circulación y otros elementos,” dijo Gustavo Aguirre, director de organización de CRPE. “Hemos trabajado para promover la justicia climática desde nuestros inicios, centrándonos en las desigualdades raciales, sociales y económicas del cambio climático y dando prioridad a soluciones locales para este problema global. Hemos trabajado con nuestros aliados para ayudar a aprobar leyes como la SB 32 y la AB 197, hemos desafiado la legalidad de los planes de alcance de la AB 32 y hemos representado a la aldea nativa de Kivalina, una comunidad inupiat del noroeste de Alaska, en un pleito contra los principales contaminadores del mundo causantes del calentamiento global. Ahora trabajamos por la transición a economías basadas en energías limpias, abordamos el impacto de los contaminantes climáticos de vida corta y promovemos la regulación directa de las emisiones de gases de efecto invernadero y un sistema equitativo de precios del carbono. También tenemos experiencia trabajando con comunidades y gobiernos locales en la evaluación de necesidades, que es una de las prioridades de investigación actuales de IECA.”
“Las ciudades consumen casi el 80% de la energía mundial y producen el 60% de sus emisiones de carbono. Sin embargo, en el Condado de Orange y en otros lugares, pocas ciudades han adoptado planes de acción climática u otros planes locales que incluyan estrategias claras e integrales para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y a la vez garantizar la capacidad de recuperación de la comunidad frente a los impactos climáticos,” dijo Arthur C. Brown, alcalde de Buena Park.
“La trayectoria de diseño del plan de cooperación de IECA concuerda estrechamente con la misión y los objetivos de Buena Park en lo que respecta a la respuesta de la ciudad al cambio climático, como nuestros compromisos con la energía limpia, la movilidad y la sustentabilidad. Nuestro trabajo con IECA ayudará a alcanzar esos objetivos”. “El programa de Acción Climática Integrada y Equitativa reportará beneficios sustanciales a los residentes de la ciudad de Santa Ana y de California,” dijo Minh Thai, director ejecutivo de la Iniciativa de Planificación y Construcción de Santa Ana.
“Mientras identificamos los recursos y empezamos el proceso para actualizar nuestro Plan de Acción Climática, seguimos comprometidos con un proceso de participación transparente e incluyente con nuestros barrios, padres de los alumnos, empresas, organizaciones no lucrativas, la asociación IECA y muchas otras partes interesadas para alcanzar juntos este importante logro,” dijo Nabil Saba, director ejecutivo de la Agencia de Obras Públicas de Santa Ana.
IECA hace uso de los catedráticos de Derecho de la UCI y de los programas dedicados al derecho ambiental y de uso del suelo y a la resolución de conflictos públicos; de la experiencia del Departamento de Planificación Urbana y Políticas Públicas en materia de política climática y planificación del transporte y del uso del suelo; de la capacidad del Centro UC de Sacramento para facilitar la comunicación con la Legislatura del Estado y para difundir la investigación relevante a nivel políticas; de la experiencia e innovación del Centro Newkirk para la Ciencia y la Sociedad en materia de investigación participativa de base comunitaria, divulgación y evaluación; y de investigación sobre justicia ambiental de base comunitaria y talleres de diseño de políticas en colaboración con el Centro para la Tierra, el Medio Ambiente y los Recursos Naturales.
“Al ser el principal centro de UC para la difusión de evidencias que orientan las políticas públicas, el Centro UC de Sacramento está encantado de participar en el Programa IECA. Estamos encantados de reunir a colaboradores de la comunidad y a dirigentes políticos para ayudar a traducir la ciencia del clima en acciones climáticas a nivel local y estatal”, declaró el Dr. Richard Kravitz, catedrático distinguido de medicina de la UC Davis y director del UC Center Sacramento.
“Los esfuerzos históricos de UCI en materia de cooperación con las iniciativas locales y los municipios reciben una importante aportación, potencialmente transformadora, a partir de este importante donativo sobre un desafío de importancia a todos los niveles, desde el local hasta el mundial. Mis estudiantes y yo estamos encantados de participar”, añadió el catedrático distinguido de Derecho de UCI Dr. Joseph DiMento.
“Nuestro objetivo es que un número cada vez mayor de condados y gobiernos municipales de California se sitúen a la vanguardia de la política climática: que cumplan y, en la medida de lo posible, superen los objetivos y requisitos estatales, al mismo tiempo que se centran en la vida y la experiencia de las comunidades de primera línea”, subrayó el Dr. Macey. “Ése es el trabajo que tenemos por delante, no sólo durante la duración del programa, sino hasta mediados del siglo.”