El quinto período de sesiones del Comité Intergubernamental de Negociación para elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos, incluso en el medio marino (INC-5) comenzó el 25 de noviembre 2024 y está programada para concluir el 1 de diciembre 2024.
Este quinto período de sesiones tiene como objetivo principal concluir las negociaciones y finalizar el texto del acuerdo mundial.
A medida que avanzamos hacia la conclusión del INC-5 y la implementación del tratado, los mecanismos de financiación equitativos serán primordiales para garantizar que las Partes puedan cumplir con sus obligaciones en virtud del tratado, permitiendo que éste desarrolle todo su potencial en la implementación.
En el INC-5, Azul presentó sugerencias de lenguaje para el tratado sobre mecanismos de financiación que garanticen que el tratado incluye flujos financieros de los países desarrollados a los países en desarrollo basados en compromisos de financiación pública.
Las sugerencias de lenguaje redactadas por Roland González Pizarro, Asociado Senior de Políticas de Azul, se centran en el “Artículo 11: Financiación, incluido el establecimiento de un mecanismo financiero.” La propuesta de lenguaje de 10 puntos se centra en proporcionar mecanismos de financiación equitativos que faciliten la aplicación del tratado de plásticos jurídicamente vinculante. Los elementos clave de las sugerencias lingüísticas incluyen:
• Obligaciones vinculantes para la movilización de recursos basadas en los principios de “quien contamina paga”
• Garantizar la equidad y el apoyo a los países en desarrollo
• Creación de un nuevo fondo inspirado en el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
• Contribuciones obligatorias de los países desarrollados, las instituciones financieras internacionales y las entidades del sector privado
• Medidas de transparencia y rendición de cuentas fuertes
El lenguaje propuesto para el tratado también incluye medidas para garantizar que la Conferencia de las Partes (COP) gobierne los mecanismos de financiación con políticas y directrices vinculantes, y de conformidad con los objetivos del tratado, que incluyen los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la salud pública.