Por Marcela Gutiérrez-Graudiņš, Azul
La primera lección es: llegar a Juan Fernández no es nada sencillo.
A principios de este año, hice un largo viaje a las islas, y para explicárselo a mi hija de cinco años, lo describí de forma sencilla: un avión “grande” a la Ciudad de México, otro a Santiago y luego una avioneta de ocho plazas (“avion chiquito”) a la Isla Robinson Crusoe. Desde allí, fui en carro hasta el muelle y tras una hora en bote, llegué finalmente a la única población permanente del archipiélago, San Juan Bautista.
El viaje depende completamente del clima, los límites de peso y la logística del puerto. El equipaje se pesa y controla kilo por kilo. Los pasajeros comparten su peso corporal con anticipación para que la aerolínea pueda equilibrar el avión. Incluso la posibilidad de hacer un pago para incluir equipaje adicional depende del espacio disponible después de la carga esencial. En los vuelos de regreso al continente, ese espacio suele estar ocupado por langostas, el pilar económico de la isla.

Parte del viaje de Marcela a Juan Fernández incluyó un vuelo en un avión de ocho pasajeros en el que todo se pesa al kilo (Fuente: Azul).
Como alguien que comenzó mi trayectoria profesional en la logística de pesca y, más tarde, las políticas de conservación, aunque era mi primera visita, este camino me resultó a la vez familiar y profundamente nostálgico. Sin embargo, mi verdadero motivo para estar allí no radicaba en los aspectos mecánicos del viaje en sí, sino en la comunidad.
Mi conexión con Juan Fernández comenzó hace aproximadamente una década, cuando conocí a un grupo de pescadores en una conferencia internacional sobre conservación. Escuché español en un mar de conversaciones en inglés, y conectamos como siempre pasa en estos espacios, a través del idioma y la cultura compartida. Años después, esa conexión resurgió en la COP16 (Conferencia del Convenio sobre la Diversidad Biológica) en Colombia, donde los líderes de la isla volvían a abogar por la protección oceánica a nivel mundial.
Para los que trabajamos en conservación marina, es muy posible haber oído hablar del Archipiélago Juan Fernández, a menudo descrito como uno de los ejemplos más destacados a nivel mundial en protección comunitaria del océano. Esta comunidad de pescadores es ampliamente reconocida por liderar esfuerzos para resguardar y expandir las áreas marinas protegidas que rodean sus islas, mientras que al mismo tiempo depende en gran medida de la pesca para su sustento.

Durante el viaje, Marcela pasó un día en el mar con el presidente del sindicato local de pescadores artesanales STIPA-JF y Consejero del Mar, Daniel González, y ayudó a medir langostas; las regulaciones autoimpuestas incluyen un tamaño máximo de langostas que se pueden capturar. (Fuente: Azul)
Esa combinación no es común. Aproximadamente entre el 70 % y el 80% de la economía local depende de la pesca, específicamente, de la langosta. Aun así, esta comunidad se ha convertido en uno de los defensores más visibles de las áreas marinas protegidas (AMP) a gran escala y del Tratado de Alta Mar, también conocido como BBNJ (Biodiversidad Más Allá de la Jurisdicción Nacional).
Lo que me atrajo de vuelta al tema—esta vez, hasta la isla— fue una pregunta más profunda: ¿cómo se ve realmente la práctica de la gobernanza marina comunitaria? Esta es una inquietud que he tenido desde el 2008, cuando participé en el grupo de trabajo de diseño de las áreas marinas protegidas en California (ordenadas por Ley de Protección de la Vida Marina (MLPA)), una experiencia que sigue influyendo en mi reflexión y en las evaluaciones de la gobernanza marina actual. El trabajo de Azul se sitúa en la intersección de la gobernanza marina, la justicia ambiental y la participación ciudadana; interés que surgió inicialmente a través del proceso de la MLPA y que se ha profundizado a medida que vemos cómo las decisiones sobre el océano podrían afectar a las comunidades de maneras muy profundas y desiguales.

Marcela con miembros de la Organización Comunitaria Funcional y el Consejo del Mar (Fuente: Azul)
Las áreas protegidas solo funcionan cuando tienen el apoyo de las comunidades. En Juan Fernández, ese apoyo está visiblemente estructurado.
La gobernanza local del océano se coordina a través del Consejo de Mar de Juan Fernández, un órgano de gestión local que reúne a las agencias públicas, la Armada, las autoridades municipales y la Organización Funcional Comunitaria (OCF). El OCF es un órgano participativo que incluye al público en general, los líderes pesqueros, operadores turísticos, mujeres, adultos mayores y jóvenes.
Los líderes son elegidos. Los grupos de trabajo son abiertos y las reuniones comunitarias son periódicas. Esto podría explicar el fuerte apoyo a la expansión de las áreas marinas protegidas, que se reporta en más del 90% de la población, y por qué ahora la comunidad lidera una campaña pública para instar al presidente de Chile a expandir el total del área protegida alrededor de Juan Fernández.
Lo que más me llamó la atención fue la intencionalidad del diseño del proceso de participación. No se trata de una consulta simbólica. Este proceso llama a una toma de decisiones estructurada y compartida.
Escuché a los líderes comunitarios describir cómo las generaciones anteriores reconocieron los impactos de la pesca industrial mucho antes de que la “sostenibilidad” se convirtiera en un concepto internacional. Como me explicó un pescador, hace cien años en Juan Fernández ya hablaban de límites, cuidado y gestión del mar, específicamente porque su bienestar dependía de ello.
Este es un modelo de gobernanza sustentado en la experiencia práctica. También es un ejemplo de la construcción de un movimiento mediante organización comunitaria en su forma más esencial.
En este caso, las áreas protegidas no han surgido a instancia de un solo líder, una sola organización o un solo financiador externo. Han surgido debido a una comunidad que se organiza —durante años, a veces décadas— para proteger su estilo de vida.

Marcela (derecha) con Gricel Recabarren, miembro del Consejo del Mar (centro), y Daniel González, presidente del sindicato local de pescadores artesanales STIPA-JF y miembro del Consejo del Mar (izquierda). (Fuente: Azul)
Una de las historias más impactantes que escuché fue cómo la propia comunidad solicitó una presencia permanente de la autoridad pesquera en la isla. En lugar de resistirse a la supervisión, los líderes locales pidieron al gobierno que colocara un observador pesquero oficial en el lugar. Querían que las instituciones gubernamentales pudieran reconocer lo que la comunidad ya había construido. Esa decisión nos dice mucho sobre la cultura de gobernanza que ha surgido allí: un modelo basado en la responsabilidad, no en la evasión.
Durante mi visita, tuve la oportunidad de reunirme con el alcalde Pablo Manríquez, quien también es miembro del Consejo del Mar y un firme defensor de sus áreas protegidas. El alcalde Manríquez enfatizó la necesidad de establecer una estación de investigación científica en la isla, para que la comunidad y los administradores locales puedan monitorear, comprender y gestionar mejor las aguas del archipiélago.

Marcela con mujeres de Juan Fernández en Mujeres del Mar, un evento organizado por Gricel Recabarren y copatrocinado por Azul. (Fuente: Azul)
Uno de los momentos más impactantes de la visita fue un conversatorio llamado Mujeres y el Mar, convocado por Gricel Recabarren —quien se desempeña como Secretaria de la Organización Funcional Comunitaria, el consejo de administración local— y co-organizado por Azul. Alrededor de dos docenas de mujeres —muchas de ellas madres, algunas con bebés en brazos— se reunieron para hablar sobre su relación con el océano, la pesca, la conservación y el liderazgo.
La conversación abarcó desde oportunidades de empleo y capacitación hasta participación en la gobernanza y la representación. Habiendo trabajado previamente en la industria pesquera, muchas de las historias compartidas me resultaron profundamente familiares. Lo que hizo del encuentro un evento especialmente significativo fue que no se limitó a una simple conversación. Propició ideas concretas para la colaboración, el intercambio y el aprendizaje mutuo entre las presentes. Un ejemplo vivo de la organización comunitaria cuando se basa en la confianza y la experiencia compartida.

Marcela pasó mucho tiempo en el agua mientras estuvo en Juan Fernández, e incluso tuvo la oportunidad de bucear. (Fuente: Azul)
Para comprender la gobernanza marina en el Archipiélago de Juan Fernández, es fundamental comprender la pesca en la isla.
La pesquería principal es la de langosta, y su gestión es profundamente cultural. Los pescadores utilizan trampas de madera en lugar de plástico o metal. Las familias mantienen zonas de pesca heredadas, conocidas localmente como marcas, que son lugares precisos legados de generación en generación. La pesquería está profundamente arraigada en el lugar, condicionada por el terreno submarino y el conocimiento de las corrientes marinas y los hábitats locales.
Gracias a una invitación de Daniel González, presidente del sindicato local de pescadores artesanales (STIPA-JF) y también Consejero del Mar, tuve la oportunidad de acompañarlo, junto con Felipe Rivas y Germán Osman, mientras trabajaban para recolectar la pesca del día y embarcarla en el vuelo de esa tarde. (Lo hicieron, justo un minuto antes de que el transporte partiera).

Marcela pasó un día en el mar con el presidente del sindicato local de pescadores artesanales STIPA-JF y Consejero del Mar, Daniel González, y sus colegas, Felipe Rivas y Germán Osman. (Fuente: Azul)
Informada por mis experiencias anteriores , me esforcé al máximo por no estorbar, ayudando a medir langostas y a buscar carnada mientras me movía por la cubierta para mantener el equilibrio mientras ellos trabajaban. Esta es una labor exigente, rápida y demandante físicamente. Para mí, fue una demostración muy clara de cómo la protección y el aprovechamiento del mar son inseparables en esta comunidad.
También pude visitar las instalaciones de procesamiento y refrigeración, aprender sobre los pormenores del acceso al agua potable, los desafíos de la logística y las limitaciones de infraestructura que influyen en las decisiones diarias de los pescadores. Estas realidades operativas deberían formar parte de la planificación e implementación de la conservación; sin embargo, son temas que frecuentemente se olvidan en las conversaciones de alto nivel sobre la gobernanza marina.

¡De California a Chile! Marcela aterriza en Chile, en el aeropuerto de Santiago. (Fuente: Chile)
Más allá del archipiélago, el viaje creó oportunidades para una colaboración más estrecha en materia de gobernanza costera.
En Santiago, me reuní con la Dra. Carolina Martínez-Reyes, quien dirige el Observatorio de la Costa, un centro de investigación en gobernanza costera que forma parte de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta conexión fue facilitada por el Dr. Charles Lester, otrora director de la Comisión Costera de California y ahora director del Centro de Políticas Oceánicas y Costeras de la UC Santa Bárbara, donde actualmente soy parte del Comité Asesor del proyecto del Plan de Resiliencia de Playas de California.
Nuestras conversaciones se centraron en la participación pública, la equidad y el futuro de la gobernanza costera en ambos países, en un momento en que Chile explora nuevos marcos legislativos y California reflexiona sobre décadas de experiencia, con motivo del 50.º aniversario de la Ley de Costas. En particular, me llamó la atención los informes presentados al Congreso Chileno que hacen referencia al modelo de gobernanza costera de California, y que destacan el trabajo de Azul y otras organizaciones civiles como una vía potencial para dar forma a la futura gobernanza costera en Chile.
En Santiago también me reuní con Jacko González, presidenta de Sustainable Ocean Alliance en Chile; Felipe Cárcamo-Moreno, sociólogo marino con profunda experiencia en gestión de proyectos socioambientales; Patricio Merino, director ejecutivo de la Fundación Área Marina Pitipalena Añihué; y Sergio Domeyko de Silicon Valley Latino; para explorar cómo la inclusión social, el liderazgo intergeneracional y la toma de decisiones ambientales pueden fortalecerse juntos.
En todas estas reuniones, un mensaje quedó claro: la participación, el acceso procesal y la equidad no son secundarios a la conservación de los océanos. Son su base esencial.

Colección histórica de carteles y libros en la exposición permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago, Chile. (Fuente: Azul)
Las conexiones entre Chile y California no son nuevas. En San Francisco, en Jackson Square, cerca de North Beach, aún existen placas históricas que hacen referencia a Chilecito, o la comunidad del “Pequeño Chile”, un recordatorio del papel que los comerciantes y mineros chilenos jugaron al encontrarse entre las primeras comunidades inmigrantes en llegar a California durante la Fiebre del Oro. Actualmente, esa conexión continúa a través del conocimiento compartido de ecosistemas costeros similares, la protección de los bosques de algas y un intercambio de gobernanza impulsado por entidades como la Organización de Conservación de Chile y California (CCCX).

Placa conmemorativa de “Little Chile” o “Pequeño Chile” en North Beach, San Francisco. (Fuente: Historical Markers Database, fotografiada por Barry Swackhamer, 10 de agosto de 2012)
El archipiélago de Juan Fernández está lleno de historia. Famosamente, fue la inspiración de la novela Robinson Crusoe, basada en la historia real del marinero abandonado Alejandro Selkirk. Menos conocido es su papel en la historia marítima mundial, desde las rutas piratas hasta las batallas navales de la Primera Guerra Mundial, incluyendo el hundimiento del crucero alemán SMS Dresden cerca de la costa. Explorando estas historias con el empresario e historiador local Germán Recabarren —quien, junto con su esposa Gloria Bermudez, fueron mis guias pacientes durante mi primer intento de buceo, en décadas— reveló algo más profundo que la tradición turística. Reforzó la profunda influencia del océano en la identidad local, no solo económica, sino también cultural e histórica.
Estas historias importan porque nos recuerdan que Juan Fernández siempre ha estado conectado con el mundo. Lo mismo ocurre hoy.

El poder de la comunidad: encuentro Mujeres y el Mar (Fuente: Azul)
Al final, el impacto más duradero de este viaje no fue una sola reunión o conversación sobre políticas. Fue el acto de estar presente. Compartir con los miembros de la comunidad. Conocerse. Aprender nombres. Escuchar cómo las personas se ven a sí mismas como cuidadoras no solo de hoy, sino también de las generaciones futuras: “Quiero que mi hijo coma lo que comía mi abuelo”.
Esa visión de continuidad —pasado, presente y futuro— es la base del éxito de la conservación marina en el Archipiélago de Juan Fernández.
Al mismo tiempo, debemos ser claros: este éxito no significa que el proceso sea sencillo ni que esté exento de tensiones. Como ocurre con cualquier esfuerzo de conservación ambicioso e impulsado por la comunidad, existen inquietudes reales y válidas sobre la representación, la toma de decisiones y la evolución del liderazgo. Escuché esas inquietudes directamente y son importantes. La naturaleza de la estructura de liderazgo del OCF —con ciclos electorales establecidos que se celebrarán este otoño— ofrece una importante oportunidad para que la comunidad debata estas inquietudes abiertamente y continúe moldeando el crecimiento de sus estructuras de gobernanza.
En un momento en que la conservación marina puede parecer abstracta o abrumadora, el ejemplo del Archipiélago de Juan Fernández nos ofrece algo tangible: prueba de que cuando se confía en las comunidades, se les incluye y se respeta su liderazgo, se construyen sistemas que perduran.
Azul se fundó con esa convicción. Esta visita lo reafirmó.

Marcela con mujeres de Juan Fernández en el encuentro Mujeres y el Mar. (Fuente: Azul)
Con profundo agradecimiento a la Organización Funcional Comunitaria Mar de Juan Fernández; al alcalde Pablo Manriquez, a los dirigentes locales Daniel González, Gricel Recabarren y Julio Chamorro; a las organizaciones Fundación Endémica, Fundación Islas de Nazca y Oikonos; y a los miembros de la comunidad que abrieron sus hogares, barcos y corazones: Manuel, Karin, Clemente, Felipe, Areliz, Génesis, Marcelo, Germán, Gloria y muchos más. Este no es el final de la historia. Es la continuación de un viaje compartido hacia la justicia oceánica, por y para las comunidades.
Marcela Gutiérrez-Graudiņš es la fundadora y directora ejecutiva de Azul, una organización no gubernamental trabajando con las comunidades latinas para avanzar la justicia oceanica. Recibió el Premio Espíritu Latino 2025 por Justicia Ambiental y en 2026, recibe el premio Peter Benchley Ocean Award por Excelencia en Activismo.